La república es sagrada, respetemos a las instituciones

Por Alejandro Grimson [fuente]

Frases como esta se han escuchado muchas veces como crítica al gobierno nacional. Sin embargo, lo sucedido ayer con una mujer que tramitó su solicitud de aborto según el protocolo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye una de las violaciones más graves que han sufrido las instituciones de la república en el último tiempo. Ayer, en la televisión los representantes de las organizaciones que presentaron el amparo para impedir el aborto llegaron a decir que los fallos de los jueces son más importantes que los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y que ellos mismos, y no la Corte, serían los intérpretes más importantes de la Constitución. Sin embargo, el artículo 116 de la misma reza:“Corresponde ala Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación”. Inferiores: ¿resulta claro?

Repasemos:

• El código penal ya autoriza en su versión de hace casi un siglo lo que esta ciudadana solicitaba. Es una ley y debe ser cumplida. Si a un particular le disgusta debe proponer otra y si no consigue que se apruebe por los representantes del pueblo, debe presentarse a elecciones. Mientras tanto, gobierna la mayoría o primera minoría.
• La Corte Suprema fue tajante en su interpretación de lo establecido en el código penal.
• El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad realizó un protocolo restrictivo, pero incluso dentro de esas restricciones este caso estaba contemplado.
• La Legislatura de la Ciudad votó una ley dentro de sus atribuciones, ampliando derechos. Ley que puede ser vetada por el Jefe de Gobierno, haciendo caso omiso del alto “consenso” alcanzado por fuerzas de orientación política diversa en el poder legislativo de la Ciudad.

La acción del Jefe de Gobierno dando publicidad al caso, la entrega de datos personales de la paciente que violan las normas vigentes de confidencialidad y la decisión de una jueza que decide pasar por encima de todas las instituciones, han colocado en serio riesgo la vida institucional de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un mamarracho institucional en la Ciudad que viola los derechos de esta paciente, que la hace víctima hoy de poderes institucionales que violan normas y que plantea un panorama, al menos, sombrío.

Como lo último que se pierde es la esperanza, uno imagina que finalmente la jueza dejará de serlo por juicio político, que serán sumariados los responsables de violar la confidencialidad, que el poder judicial hará cumplir la sentencia de la Corte y que el poder ejecutivo local cumplirá la decisión de los representantes de los ciudadanos en la Legislatura dela Ciudad.

Primero, para que cada una de estas cosas suceda es imprescindible invitar a quienes crean en la institucionalidad a debatir sin reparos este caso y sus soluciones urgentes. Y a los ciudadanos a manifestarse. Segundo, hay un daño hacia la ciudadana que ya es irreparable. Esperemos que no sea aún mayor.